**  Exige se deje la omisión de la disposición establecida en el Código de Derechos y se beneficie la economía de los veracruzanos.

Xalapa, Ver., a 4 de julio de 2019.- El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente, sean de carácter permanente.

El legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter permanente en la entidad.

Lo anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites excesivos e innecesarios.

“Sin embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años, omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”, afirmó el legislador.

De acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención de dicho documento, detalló.

“De conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley, por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además, continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley, mediante el pago correspondiente que este genera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).