*    Ello demanda profesionalización de los juzgadores al aplicar el mínimo o máximo que establece el Código Penal en sentencias condenatorias

Xalapa, Ver., a 21 de junio de 2018.-Al abordar el tema de la individualización de sanciones en términos de lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado de Veracruz, el Magistrado Alfonso Balderas Ramírez manifestó que éste es uno de los aspectos más importantes a los que se enfrentan los juzgadores.

Así lo planteó a servidores públicos de Salas Penales que acudieron hoy a la novena y última sesión del curso “Sistema Penal Acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales”, en la que recibió un reconocimiento de manos del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Andrés Domínguez Fernández, en representación del Magistrado Presidente Edel Humberto Álvarez Peña.

Puntualizó que “en la individualización de sanciones se trata de los criterios que debe de asumir o debe de seguir el juez para imponer la pena que resulte merecida, en caso de sentencia condenatoria”.

Los juzgadores, insistió, tienen que aplicar criterios: el primero, legalidad; en segundo lugar, la gravedad de la conducta; y, tercero, el grado de culpabilidad.

“Aquí lo importante es imponer la pena que resulte justa; esta es una decisión del juez, pero está sujeta obviamente a un procedimiento que la misma Ley señala; hay una audiencia especial de individualización de sanciones y de reparación del daño; y ahí se toma esa decisión en base a las pruebas que al efecto haga valer, ofrezca y desahogue el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía”, abundó.

Luego insistió en la relevancia de capacitar al personal “porque en México los jueces son precisamente profesionales, es decir, aquí y en todas partes, los jueces deben estar muy bien preparados en los principios de impartición de justicia”.

Este curso, celebrado en la Ciudad Judicial de Xalapa, fue organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura; y forma parte del programa de capacitación permanente contenido en el Plan de Desarrollo de la Impartición de Justicia 2016-2019.